Lilián Galán  

¿Derechos Humanos o derecho al lucro? (La República. 23/4/2017)

09/05/2017

Hace pocos días tuvimos el privilegio de organizar desde el Parlamento, conjuntamente con la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un Seminario Regional para Miembros de las Comisiones Parlamentarias de DDHH.
Concurrieron a este evento legisladores de varios países de América Latina, y por supuesto de nuestro país, así como la presidenta de la INDDHH, Dra. Ariela Peralta. El tema de debate fue el rol de los Parlamentos en la internalización de los tratados internacionales de DDHH.
El intercambio fue muy enriquecedor, pero en este caso queremos enfocarnos en un aspecto en especial, que es el tema fundamental en las discusiones internacionales en esta coyuntura.
En los organismos internacionales en los que nuestro país participa, nos comprometemos a vigilar normas discutidas y aprobadas por los mismos. La firma de estos instrumentos internacionales lleva años de discusiones entre los representantes de los países, buscando encontrar una redacción de consenso que logre ser admitida por gobiernos que obviamente revisten los más variados signos ideológicos, y a los cuales la aprobación de nuevas normas internacionales les implicarán luego una batalla interna que puede ser más o menos complicada dependiendo del tema y la situación de cada país.
A vía de ejemplo, Uruguay viene internalizando en los últimos años mandatos internacionales que tienen que ver con las violaciones a los DDHH perpetradas en la época de la dictadura. Todos tenemos presentes las dificultades que esto ha implicado en el quehacer político interno.
Paralelamente, y tal como definíamos en la nota que publicamos el mes pasado en este mismo espacio (http://www.republica.com.uy/globalizacion-deficit-democratico/605391/), los países vienen firmando Tratados de Libre Comercio, que mayormente reflejan los intereses de las empresas trasnacionales, y en los cuales los Estados/Nación van perdiendo crecientemente hasta las más básicas de sus funciones.
Entonces, ¿cómo defender los DDHH consagrados internacionalmente en nuestros territorios, si al mismo tiempo resignamos nuestras potestades de fijar políticas, ante árbitros internacionales, cuando firmamos Tratados de Comercio o Inversiones?
En un ejemplo bien reciente, Uruguay debió defender en tribunales internacionales su derecho a fijar políticas soberanas sobre Salud Pública frente a la tabacalera Phillip Morris, que apeló decisiones del gobierno uruguayo basándose en un Tratado de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza. Para una empresa trasnacional es fácil elegir desde qué Estado/Nación hará base para presentar la demanda, y podría haber sido desde Suiza, como desde cualquier otro país. Así de vulnerable es la situación de los países frente a estas enormes empresas.
Desde la década del 70 se viene visualizando la necesidad de construir normas internacionales que pongan límites a las empresas trasnacionales en defensa de los DDHH. Estos intentos han conocido avances y derrotas. En la actualidad existen dos líneas diferentes de negociación a este respecto en ONU: una que propone la aprobación de principios rectores a los cuales las empresas adhieran en forma voluntaria, y en caso de incumplimiento que sean los gobiernos los encargados de aplicar las sanciones que correspondan. La segunda línea de trabajo liderada por algunos países del Sur y Organizaciones No Gubernamentales plantea la aprobación de un tratado vinculante, que haga más efectiva la defensa de los Derechos Humanos ante el poder económico, político, y en suma de lobby, de las grandes corporaciones trasnacionales.
Para decirlo claro, estamos ante una típica discusión Norte-Sur. Los países desarrollados, donde se encuentran las casas matrices de las Trasnacionales, apoyan la vía de contar con principios rectores de adhesión voluntaria por parte de las empresas, mientras que los países subdesarrollados cuyos territorios y pueblos soportan los abusos de las grandes empresas, impulsan la aprobación de un tratado vinculante que establezca límites y salvaguardas al poder de las trasnacionales.
Esta segunda línea de trabajo cuenta con un Grupo especializado en ONU, con un plan de trabajo aprobado, y que debería presentar un primer borrador del texto del tratado vinculante en 2017. Fue elegida como presidenta de este grupo la embajadora ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés. Como mencionamos, esta iniciativa cuenta con el respaldo de una red de más de 200 organizaciones sociales de todas partes del mundo. Los principales temas que se intentan consolidar en el texto del Tratado, son:
1) Lograr el reconocimiento de la soberanía de los Estados, y su derecho para regular, en el contexto de su obligación para proteger los DDHH de sus ciudadanos y el compromiso de desarrollar un modelo alternativo de economía que ponga a las necesidades básicas de las personas antes que los lucros de las empresas.
2) Garantizar la primacía del marco general de los DDHH en relación a las políticas y tratados de comercio e inversiones. Un  marco que asegure los derechos de las personas a sus medios de vida; de los trabajadores al trabajo decente, condiciones seguras de trabajo y salario digno; de los derechos de la naturaleza y la protección de los servicios públicos y el interés público.
3) El Tratado debe revertir los actuales mecanismos de privatización de la justicia que promueve el abusivo sistema actual, tal como se lo practica hoy en el Ciadi y en otros mecanismos de arbitraje, estableciendo un sistema de regulación que incluya la resolución de las disputas garantizando a los Estados su soberanía.
4) Prohibir la actual industria de arbitraje secreta y extremamente cara, que beneficia a un pequeño grupo de grandes empresas (principalmente de Europa y EUA).
5) El Tratado debe regular las transacciones financieras y la especulación, prohibir prácticas de evasión fiscal.
6) Proveer mecanismos razonables y accesibles para facilitar el acceso a la justicia a comunidades que se vean afectadas en sus derechos y condiciones de vida por políticas de comercio e inversiones sustentadas por las trasnacionales.
Obviamente nos afiliamos a estos seis principios, que nos parecen fundamentales si queremos situar los Derechos Humanos por encima del lucro trasnacional. Si bien esta discusión no es nueva, lleva ya varios siglos desde la expansión capitalista del siglo XIX, está plenamente vigente. La conquista de derechos es producto de muchas luchas y por tanto como militantes debemos comprometernos en estos temas que se juegan a nivel global pero que golpean a nuestra puerta todos los días.