Lilián Galán  

RENTA BÁSICA UNIVERSAL (I)

08/08/2017

Un hombre un voto. Durante muchas décadas ha sido así de forma literal. Sin embargo, las mujeres y otras personas en edad adulta no pudieron votar hasta casi “ayer”, si consideramos lo que supone el “tiempo histórico”. Una vergüenza e injusticia a ojos de hoy, pero algo visto como “razonable” en las épocas de los primeros sufragios.
Este derecho político y constitucional nació con restricciones en las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Se conoce como sufragio censitario al que da el voto a un “censo”, a una lista determinada de personas por su condición económica, su nivel educativo (alfabetización), su raza, su sexo o religión. Con este último dato podemos hacernos una idea de la cantidad de personas que no podían votar hasta bien entrado el siglo XX.
La primera Constitución de Uruguay en 1830 estableció un régimen republicano-unitario que proyectó el ideal de orden político liberal e institucionalizó el régimen censitario para el ejercicio de la ciudadanía, desestimando la creación de partidos políticos. En este marco no podían ejercer la ciudadanía los sirvientes a sueldo, los peones jornaleros, los analfabetos, quienes mantenían deudas con el Estado y las mujeres.
Podían votar solo los hombres mayores de 20 años, o desde los 18 si estaban casados. Recién con la Constitución de 1917 se ampliaron las franjas de la participación ciudadana masculina universal, dejándose expresamente prevista la posibilidad de que la ley reconociera a la mujer este derecho, que se haría recién efectivo en el Referéndum de Cerro Chato (1927).
Otras democracias occidentales tardarían aún más en permitir el voto a la mujer: Reino Unido y Francia no lo harían hasta 1928 y 1944, respectivamente. En América Latina, Argentina lo hizo en 1951 y México en 1953.
En los Estados Unidos el sufragio universal era mal valorado. Entre los delegados de la Convención que elaboró la Constitución del país -promulgada en 1787- imperaba la opinión del parlamentario George Mason (1725-1792): “Dejar al pueblo escoger el presidente es como dejar a un ciego escoger un color”.
Hoy día, estas leyes de voto censitario se han abolido casi por completo. Pero también es justo decir que si bien nuestra Constitución consagra el derecho al voto a todos los ciudadanos uruguayos, la ley no asegura el ejercicio efectivo del derecho con mecanismos que habiliten el voto desde el exterior. Solo vota quien pueda pagarse el pasaje. No es el tema de la nota, pero no podíamos dejar pasar por alto esta reflexión.
Esta larga introducción es para mostrar cómo, a lo largo de la historia, derechos considerados impensables y contrarios al “orden natural de las cosas” fueron reivindicados en años posteriores. Este desarrollo histórico pone en contexto el tema de la Renta Básica Universal (RBU) como una política que será necesario estudiar e implementar.
Definimos a la RBU como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, rico o pobre, independientemente de que pueda tener otras fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.
Hay distintas propuestas en cuanto al monto, y obviamente esto depende también de cada país, pero solo a efectos orientativos podríamos situarla como aquel ingreso necesario para superar el límite de la pobreza, medido en términos per cápita.
La mera comprensión de la RBU supone un cambio cultural tajante. Significa modificar el relato de la vida humana y de la concepción antropológica de los sistemas actualmente vigentes y los engranajes de sistemas de producción, y como seres dignificados por el empleo (que es un concepto distinto que el de trabajo).
Se están produciendo cambios desconocidos en la historia económica reciente desde la Revolución Industrial en la relación entre productividad, empleo y salarios, y entre trabajo y capital. Millones de empleos están dejando de ser necesarios o están siendo sustituidos por máquinas y robots. Lo que parecía ciencia ficción es ya realidad, y avanza junto a la desprotección de un Estado de Bienestar que agoniza acosado por la ideología dominante de un capitalismo cada vez más trasnacionalizado, que no consigue (ni se propone) acabar con la pobreza y la exclusión.
Tal como argumenta Zygmunt Bauman: “La calificación de ´falta de realismo´, de la que tanto se abusa en los choques políticos actuales para rechazar de plano una propuesta, demuestra, ante todo, la ausencia de voluntad política. Hemos dejado de plantearnos las preguntas que hicieron del mundo moderno la más inquieta e innovadora de las sociedades humanas. Bien, todo está subordinado a la eficacia; ¿pero, eficacia para quién, en vista de qué, con qué objeto? Se logra el crecimiento económico, es cierto; ¿pero, crecimiento de qué, para quién, a qué costo, para llegar a dónde?”.
Es imposible abarcar el debate sobre la pertinencia de la RBU en un solo artículo, trataremos de ahondar en el tema en próximas notas. Ahora dejamos un par de datos para la reflexión: los programas sociales focalizados destinados a los más pobres en Uruguay no alcanzan al 1% del PBI, y son objeto de innumerables controles, auditorías y críticas. Sin embargo, las exoneraciones fiscales alcanzan el 6% del PBI, y ¿cuándo los grandes medios de comunicación piden auditorías a estos beneficios otorgados a los más ricos?
¿Alguien se cuestiona si este gasto fiscal rinde, en términos de cohesión social, el sacrificio que los uruguayos hacemos por él? ¿Alguien le pide al empresario beneficiado que deje de tomar whisky, o que no se vaya de vacaciones a Punta, o al exterior? ¿Verdad que no?
La RBU puede ser el nuevo piso desde el cual podamos plantearnos la defensa real de los derechos sociales, económicos y culturales que cada persona debe tener asegurados, solo por el hecho de ser una persona. Como todos los cambios de paradigma, merecerá mucha discusión. ¡Estamos empezando!