Nelson Larzábal  

Consideraciones en torno a la “Ley de Riego”

18/10/2017

Ing. Agr. Nelson Larzábal, Diputado MPP Frente Amplio, Canelones

El pasado 17 de octubre fue finalmente aprobado en la Cámara de Diputados el conjunto de medidas que se conocieron popularmente como “Ley de Riego” y que formalmente  son modificaciones a la ley 16.858 de 1997 denominada “Ley de Riego con Destino Agrario”.

La opinión pública del país, generalmente omisa a los temas de la producción, en este caso sí registró que en el Parlamento se estaba trabajando sobre un tema de honda importancia para la actualidad y futuro del Uruguay... aunque no necesariamente se contó con toda la información en cantidad y calidad, para valorar un proyecto de estas características.

La apuesta a la participación popular, de la que nuestra fuerza política es defensora y promotora como metodología de construcción política y gestión territorial, necesita de buena y oportuna información. En parte con esa tarea queremos cumplir con estas líneas. También es importante separar la intencionalidad de algunas informaciones que, redes sociales o comentarios apresurados mediante, contaminaron la información existente para hablar de una “privatización del agua” en Uruguay o una “entrega de soberanía” a través de estos artículos.

Ávidos de información, compañeros y compañeras se comunicaban en estos días con nosotros abrumados porque, de acuerdo a algunas versiones, con esta norma “desaparecería la OSE”, se vendería el agua a las trasnacionales y otros fantasmas conceptuales similares.

Si este debate sirve para ratificar la importancia del carácter público del agua en el país y su valor estratégico como herramienta de desarrollo, lo que se suma, cuando hablamos del acceso humano al agua, con un Derecho Humano consagrado en la Constitución, estamos fortaleciendo soberanía.

Es importante aclarar que este Proyecto de Ley tiene su origen en el Poder Ejecutivo... y que el articulado que, una vez aprobado por el Senado, finalmente hará del mismo una ley, dista mucho en su contenido de lo inicialmente recibido en el Parlamento. Desde octubre de 2016 hasta el presente se trabajó a la interna de ambas cámaras y se dialogó con organizaciones de productores, ambientalistas, técnicos y de la sociedad civil en su conjunto, intensamente y con plena conciencia de lo que está en juego.

Los objetivos

El conjunto de las modificaciones propuestas, tienen como objetivo principal, el fomento del desarrollo del riego en el Uruguay y por ende de la productividad y competitividad, a partir de las siguientes consideraciones:
Nuestro clima templado y húmedo se caracteriza por la irregularidad de la distribución de las precipitaciones, si bien las lluvias promedio anual es de 1300 mm, con un  promedio mensual de más de 100 mm, que en la distribución histórica es casi perfecta, tenemos situaciones puntuales de sequía por mayor demanda hídrica en los meses de verano y otoño, que hacen peligrar y tambalear nuestros sistemas productivos, en su gran mayoría dependientes de las precipitaciones.

De los 1300 mm /año, el 40% escurre por campos, cañadas, arroyos y ríos. Los mejores suelos del Uruguay cuentan con una capacidad de almacenar agua para 14 a 20 días de verano, según el cultivo que consideremos y cuando pasan de esos días sin llover se comienza a limitar el rendimiento.
Las modificaciones promovidas encuadran perfectamente con los ejes estratégicos de la política pública agropecuaria definidas por el MGAP.

Uruguay exporta el 80% de su producción agropecuaria y para ser más competitivos debemos de tener, además de productividad y diferenciación,  estabilidad en la producción y no depender del aporte natural de aguas de lluvia.  Así, el riego nos permite acotar los riesgos y mejorar la capacidad de adaptación.

Entonces podemos concluir que para aumentar la productividad y competitividad sustentable del sector agrícola y ganadero, mejorar la adaptación a la variabilidad y el Cambio Climático, así como contribuir al desarrollo de sistemas multiprediales de riego que permitan la inclusión de productores que no tienen ni tendrán, en forma individual, acceso al agua para riego, necesitamos desarrollar el mismo y eso lo permitirá las modificaciones planteadas a la ley en este proyecto. Nuestra capacidad de riego depende del desarrollo del represamiento para retener parte de ese 40% que se escurre (alrededor de 500mm al año).

Estas modificaciones a la “Ley de Riego con destino Agrario” llegan en momentos en que nuestra fuerza política en el gobierno y en la gestión del MGAP, ha efectuado transformaciones conceptuales claves para el país. El que aún quede mucho por hacer no puede hacer olvidarnos de ello. Por ejemplo, en materia de cuidado y conservación de suelos de uso agrícola, de 2013. O de Ordenamiento Territorial, cuyas últimas modificaciones son de 2017; o la Ley Nacional de Aguas. 

La primera de las citadas regula el uso de los mismos en función de la susceptibilidad a la erosión hídrica, alcanzando el día de hoy un 95% del área de cultivos y que avanza en los planes para los predios lecheros de la cuenca del Río Santa Lucía y que incorporará en forma gradual otros cultivos y sistemas productivos en todo el país.

Legalmente, estamos pues en condiciones de avanzar responsablemente  con la incorporación del riego en los sistemas productivos, donde esperamos mejores producciones y a su vez mejorar los rastrojos, al aumentar  los residuos orgánicos que quedan en el suelo luego de la cosecha.
Actualmente el área que se riega en el país, en cultivos agrícolas no supera el 4% de los mismos, por lo que hay gran potencial para crecer, además de otros sistemas de producción como leche y carne.

Conviene aclarar que en la actualidad y de acuerdo con la reglamentación vigente, existe una regulación de la cantidad de agua que puede emplearse y quiénes pueden hacerlo tomándola de cursos naturales o de origen subtarráneo. No se trata de que en la actualidad esté garantizado el riego a todos los interesados: ello depende de la disponibilidad de agua, así como de la posibilidad de un productor para invertir en la infraestructura necesaria y aún de lo que hacen sus vecinos.

Por ello, el desarrollo de embalses o represas de porte importante, entre un conjunto de vecinos y/o estos con  inversores y/u operadores especializados en la gestión del riego, requieren un marco normativo como el que incluye la nueva Ley de Riego.

Los contenidos concretos

Antes de entrar a considerar el articulado del proyecto de Ley, quiero destacar que este no toca el Art. 1 de la Ley original (Nº 16.858), donde dice: “declárase de interés general el riego con destino agrario, sin perjuicio de otros usos legítimos. Todo productor rural tiene el derecho de utilizar los recursos hídricos de los que pueda disponer legalmente, para desarrollar su actividad, sin degradar los recursos naturales, ni perjudicar a terceros”.

Insisto en que el proyecto de ley fue discutido pormenorizadamente en la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del Senado, donde se recibieron las argumentaciones de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Industria, Energía y Minería, a la vez que se recibieron a más de quince delegaciones de gremiales agropecuarias, de la academia, profesionales, el sindicato de OSE, FFOSE, la Comisión Nacional el Defensa del Agua y la Vida, grupos ambientalistas y ecologistas, que vinieron a exponer y a dar su opinión sobre el tema.

Existiendo un trabajo conjunto entre el Poder  Ejecutivo, la Comisión y la Cátedra de Derecho Agrario de la UdelaR, para lograr un acuerdo sobre las modificaciones en cuestión con un texto que recabó el consenso de las partes involucradas y trató de incorporar muchos de los aportes recibidos.

Un elemento importante que insisto en destacar, fue la participación y los continuos aportes de la cátedra de Derecho Agrario de la UdelaR a cargo del Dr. Enrique Guerra, que permitió que este proyecto de ley sea un aporte jurídico fundamental en la legislación sobre el uso del agua y la promoción del riego.

La modificación al artículo 1 se refiere a los requisitos para el otorgamiento de las concesiones de agua. El solicitante debe acreditar el derecho de propiedad o usufructo de los padrones donde se asienten las obras hidráulicas del sistema de Riego y se incorpora el concepto de Caudal Ambiental, cuyo alcance lo establecerá el Poder Ejecutivo en la reglamentación de esta ley, así como la exigencia de la presentación de planes de uso y manejo de suelos y aguas aprobado por los  ministerios correspondientes.

El art. 3 de este proyecto sustituye el art 12 de la ley 16.858, ampliando los alcances de las Sociedades Agrarias de Riego e incorporando las Asociaciones Agrarias de Riego. Ofreciendo así un nuevo instrumento asociativo para que los productores rurales y aquellas personas interesadas puedan asociarse para obtener permisos, concesiones y otros derechos en el uso del agua para riego así como repartir las aguas y otros beneficios que puedan generarse.

Al mismo tiempo establece que en caso de integración de personas jurídicas, esto se deberá hacer por acciones nominativas de personas físicas. Además se establece una innovación al establecer una excepción: “El Poder Ejecutivo podrá autorizar la participación de entidades o fondos propiedad de “nacionales o extranjeros,  siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante”.

Otros artículos amplían el objeto de la actividad a las Sociedades Agrarias de Riego (SAR) y las Asociaciones Agrarias de Riego (AAR), incluyendo las obras de conducción y de drenaje asociadas para gestionar los Sistemas de Riego y también como hecho secundario la generación de Energía eléctrica. También incorporan disposiciones para suspender el servicio de riego y derechos y obligaciones por contrato, para los proveedores del servicio de riego.

El artículo 9º sustituye el artículo 21 de la ley 16.858. Y establece las aprobaciones necesarias para la construcción de las obras, el proyecto en sí, el plan de uso y manejo de suelos y aguas y autorización ambiental.

Algo más a resaltar es que en el artículo 19 se define lo que se considera un Sistema de Riego Multipredial y establece que “los proyectos que comprenden la creación de Sistemas de Riego Multipredial deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional de Aguas”.

Creemos que con sus modificaciones, la “Ley de Riego con Destino Agrario” y permitirá modernizar la reglamentación para, allí donde se justifique por razones productivas, hacer crecer el riego en el país, sin por ello vulnerar en nada el Artículo 47 de la Constitución de la República, aprobado por amplia mayoría y el apoyo consciente del FA y un amplio arco de fuerzas sociales, en 2004.

Al haber sido encargados para informar a la Cámara de Representantes también queríamos ordenar la información para los compañeros / as y quienes, con razón dada la trascendencia del tema, se acerquen a la misma, con una u otra opinión.

El tema amerita debate e información, desde los comités de base, las redes sociales, las reuniones de productores y vecinos en el campo y la ciudad. Estamos a las órdenes para cuando quieran invitarnos.