Daniel Caggiani  

Un Presupuesto para un momento histórico clave en Uruguay

16/10/2015

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, luego de un largo proceso de discusión y estudio del funcionamiento de todas las unidades ejecutoras del Estado uruguayo. El paso restante es la discusión en el Senado, donde se podrán introducir modificaciones puntuales a un Presupuesto que dispone inicialmente un aumento de recursos públicos para el período 2016-2017. Posteriormente, en función de la evolución de la economía y de las prioridades del Plan de Gobierno se podrán asignar más recursos por la vía de las Rendiciones de Cuentas.

En primer término, el debate presupuestal se enmarca en el diagnóstico de la situación económica actual del país, así como de la incidencia del contexto regional y mundial. Según este diagnóstico, nos encontramos ante una desaceleración de la economía uruguaya, que trae como consecuencia una desaceleración de los ingresos públicos. El Presupuesto a discusión del Parlamento se basa en una proyección de crecimiento de la economía nacional que promedia el 2,5 % entre 2015 y 2019, sin perder de vista que las proyecciones de crecimiento de América Latina es de 2%.

Ello supone que vamos a crecer a menos ritmo de como lo veníamos haciendo. En paralelo a la rebaja de la previsión del crecimiento económico para el presente período de gobierno, se ha marcado el objetivo de reducir en un punto el déficit fiscal para 2019, llegando a un 2,5 % del PBI. Sin embargo, el gasto social en Educación, en el Sistema de Cuidados, en Seguridad, en Salud y en Vivienda se expande, ¿Cómo se explica?

En paralelo a ello, en junio pasado fue presentado por el Gobierno el Plan de Inversiones en Infraestructura del período 2015-2019, de US$ 12.300 millones. Vázquez explicó que el 66% de esa inversión será financiada con fondos públicos y el 34% con fondos privados.

  Se podrá decir que la desaceleración del crecimiento económico aún mantiene a Uruguay con una previsión por encima del promedio regional, de entre 2,5% y 3%. Sin embargo, el planteo político que sostiene este Presupuesto es justamente el de continuar profundizando la matriz de protección basada en el gasto social.

En el contexto económico actual, enfrentando restricciones en el frente externo y desaceleración del crecimiento, se asume por parte del gobierno del Frente Amplio que el criterio político debe ser el de no cortar por el lado más fino y el esfuerzo fiscal por la redistribución de la riqueza no puede ser solo para los ciclos ascendentes de la economía.

Por el contrario, observando la onda larga del desempeño económico y social de nuestro país, a nadie puede escapar que los miles de gurises que nacieron entre los años 1999 y 2003, hoy son la población que más apoyo necesita para sostener su etapa de educación media y técnica. A esos miles de uruguayos que hoy tienen entre 12 y 16 años les tocó nacer cuando la situación de crisis en el mundo del trabajo, la falta de oportunidades y la pobreza nos llevaron al límite como país.

La diversificación del sistema educativo requiere para dar resultados positivos, una alta dotación de recursos y de forma sostenida en el tiempo. Son necesarios más liceos de tiempo extendido, más propuestas de educación técnica en UTU, más escuelas, más educadores, más materiales didácticos para propuestas innovadoras en la educación pública. En este Presupuesto se concreta una asignación de recursos adicionales para 2016 y 2017 del orden de los US$ 470 millones. El 66% de ese monto global de recursos adicionales se distribuyen en Educación (40%), Sistema Nacional de Cuidados (14%), Salud (7%) y INAU-SIRPA (5%).

Con esa asignación presupuestal para la Educación, se alcanzará un 4,9% del PBI en el 2017. A nadie escapa que el compromiso con la ciudadanía es alcanzar el 6% del PBI para la Educación pública al final del período de gobierno. Esto nos pone a todos en la tarea de analizar de donde serán generados los recursos necesarios para sostener el gasto público social. En nuestra opinión, este debate no puede circunscribirse solamente al gobierno ni al sistema político, sino que debe procesarse a nivel del conjunto de nuestra sociedad.

  La discusión que realiza una sociedad sobre los recursos que se destinan a la educación pública y a las políticas sociales en general, define el grado de sensibilidad y preocupación general acerca de la convivencia ciudadana. Si no estamos en condiciones como sociedad de plantear este tema en términos de la estrategia de desarrollo nacional, nos estamos perdiendo la oportunidad de plantear el futuro que queremos. Los recursos para la educación no son gasto sino inversión, y son recursos que no pueden estar desconectados de una amplia divulgación de los resultados que se obtienen con la ejecución de esos recursos.

Sin dudas la asignación de este presupuesto implicó un arduo trabajo de análisis, intercambio y definición de prioridades para respaldar el proyecto político de país que nos propusimos desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Este proceso resulta siempre bastante complejo, los recursos son limitados y las necesidades son muchas, sobre todo para un gobierno de izquierda que se compromete con las aspiraciones de su pueblo. Mediante la priorización del gasto social y en educación, consideramos que se han hecho importantes esfuerzos en rubros sensibles, dentro de los marcos hoy establecidos, pero aún quedan muchas cosas pendientes. Este Presupuesto no marca un punto final sino que nos coloca en la necesidad de pensar estrategias que nos permitan ampliar los marcos de acción en diversas áreas de cara al reajuste que se hará finalizados los próximos 2 años.

Un ejemplo nítido es la inversión en Infraestructura, hacia donde se han destinado importantes sumas para la realización de obras sumamente prioritarias, pero que necesitaremos ampliar. Resulta necesario empezar a discutir, estudiar y proponer alternativas de financiamiento con pago de tasas diferenciales, dónde quiénes más utilizan, más deterioran y más se benefician de estas vías contribuyan de manera proporcional a ello en los gastos de mantenimiento y ampliación de éstas redes. Estas alternativas no sólo podrían aportar a una distribución más equitativa de los gastos, sino que también darían la posibilidad de redireccionar el presupuesto que la Administración Central se ahorra en este rubro a otras áreas de vital importancia para el pueblo en su conjunto.

También será necesario buscar la forma de seguir fortaleciendo la salud, la educación, los sistemas de cuidados y todas las áreas de protección social. No nos podemos plantear un gasto público propio de las economías más desarrolladas con una financiación propia de las economías dependientes y periféricas como la nuestra. Si observamos los ejemplos de países nórdicos con alto PBI per cápita, vemos que la calidad de los servicios públicos se sostiene con una alta formación de sus habitantes y con el aporte al conjunto del bienestar social de los sectores más fuertes desde el punto de vista económico. A este tema nos referiremos en futuros artículos.

 

Publicado en Semanario Crónicas 16/10/2015