Nelson Larzábal  

Compras Públicas a la Agricultura Familiar, más allá de la Ley*

10/11/2015

La importancia de las compras públicas de alimentos a la producción familiar para la seguridad y soberanía alimentarias y nutricionales es hoy un dato reconocido continentalmente del cual nuestro país se encuentra atravesando una etapa particularmente trascendente.

Es que al haberse aprobado y posteriormente reglamentado la ley 19.292, creándose la reserva de mercado para organizaciones de productores/as familiares registrados y agrupados, que alcanza a un 30 por ciento de las compras centralizadas y un cien por ciento de las descentralizadas, el proceso de trabajo para su implementación ha sido contínuo y las expectativas de los productores y las productoras familiares han ido creciendo, en el entendido de que representa una herramienta para superar algunas de las fragilidades de este sector productivo estratégico para el país, así como mejorar los niveles de alimentación y nutrición de amplios sectores de la población.

La herramienta -siempre perfectible- está creada; corresponde ahora echarla a trabajar en territorio, para lo cual la tarea es múltiple: de un lado sensibilizar a los tomadores de decisiones que ordenan las compras de alimentos por parte del estado en sus diversas reparticiones y funciones, así como de los productores agrupados, organizados y concientes para poder cumplir con la demanda reservada a través de la Ley.
En un reciente trabajo de la Oficina Regional de FAO “Las compras públicas a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Lecciones aprendidas y experiencias” (2015) se recogen algunas de las experiencias y se grafica las ventajas del sistema de Compras Pùblicas para la AF frente al “sistema tradicional de compras”.

Remarca entre otros elementos positivos desde la óptica de la producción familiar el representar “garantía de adquisición de alimentos; diversificación de la dieta; calidad de los alimentos; preservación de los hábitos alimentarios tradicionales”, en simultáneo a favorecer la planificación de la producción, la  diversificación a la matriz productiva y el flujo continuo de ingreso (renta).

Cabe recordar que el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) es reconocido por nuestro país en el marco de su participación en el Sistema de Naciones Unidas como uno de los derechos humanos fundamentales. Si se tiene en cuenta el paradógico hecho de que entre las poblaciones rurales de agricultores familiares y campesinos es donde se registran mayores índices de hambre y malnutrición, así como recientes advertencias desde voceros de la Organización Panamericana de la Salud sobre los crecientes niveles de consumo de alimentos ultraprocesados, la aplicación de esta Ley de Compras Pùblicas a la Agricultura Familiar representa una oportunidad y una imperiosa necesidad.

En el mencionado trabajo de FAO se enumeran algunos de los principales retos del sistema de Compras Públicas, algunos de los cuales nos parece importante destacar en ese mensaje que pretende subrayar la trascendencia y sensibilizar acerca de la premura de su implementación en nuestro país.

“Las compras públicas -dice el documento- a la AF se deben pensar en el marco del DHAA, como un instrumento de política pública que permite al Estado ofrecer alimentos sanos y de buena calidad a la población más vulnerable; al mismo tiempo que promociona el desarrollo local apoyando a un sector productivo específico”.

Y agrega que “Los Programas de Compras Públicas serán más eficientes cuanto más institucionalizados estén, más se coordinen intersectorialmente y cuenten con una mayor participación directa de las organizaciones de la sociedad civil en su implementación”. Participación organizada de los productores y productoras , asì como coordinación institucional desde los actores estatales son pues las claves de fructificación de este proceso.
Nuestro país cuenta desde 2007 y por primera vez en su historia, gracias a la sensibilidad de una fuerza política de gobierno que recoje el legado artiguista, con un Registro Nacional de Productores Familiuares que ha sido y será la base de las políticas direfenciadas.

Como complemento, queremos compartir con la CRR y los destinatarios de este mensaje que a iniciativa de organizaciones sociales como la Red de Agroecologìa de Uruguay y la Red de Semillas Nativas y Criollas, durante la discusión presupuestal se trabajó en la inclusión de un artículo aditivo que abriera el camino a la construcción de un Plan y una Poítica Nacional de Agroecología en el entendido de que se trata de una oportunidad genuina para la Producción Familiar del país.

Aunque los tiempos políticos de discusión del Presupuesto en Diputados hizo que el tema se trasladara al debate en Senadores, existe el compromiso firme de nuestra bancada y de otros actores en el Frente Amplio para hacer realidad esta iniciativa, en el marco además de la construcción de políticas diferenciadas para la producción familiar, la profunda y extensa historia de aportes desde las organizaciones sociales en este sentido, el fortalecimiento de un Desarrollo Rural inclusivo e integral y en el marco de la Soberanía Alimentaria.

* Este texto fue presentado como Exposicxión Escrita en la CRR este martes 10 de noviembre, con destino a: Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, la Dirección de Desarrollo Rural de dicha cartera, la Dirección General de la Granja, Junta Nacional de la Granja, INAVI, juntas directivas INAC, INIA, INALE, Comisión Administradora del Mercado Modelo, Secretaría del Mercosur, UNASUR, representación FAO en Uruguay, Comisión de Asuntos Rurales Junta Departamental de Canelones, Unidad Montevideo Rural, Mesas de Desarrollo Rural de todo el país, Instituto Nacional de Derechos Humanos; Instituto Nacional de Colonización, Dirección General de Secretaría de todos los Ministerios y Congreso de Intendentes