Carlos Reutor  

Proyecto de Ley: Fondo de garantía de los créditos laborales en casos de insolvencia patronal

11/11/2015

Ante la importancia que tiene para nosotros garantizar los derechos de las y los trabajadores, y escuchando las propuestas del PIT-CNT, hemos presentado junto al Legislador Luis Puig un proyecto de ley que establece la creación de un Fondo de Garantía de los Créditos Laborales ante la Insolvencia de los Empleadores, respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales.

La problemática de la insolvencia patronal y sus repercusiones en los créditos de las y los trabajadores ha sido motivo de preocupación desde larga data.

A nivel parlamentario, podemos observar diversos mecanismos de protección a los créditos laborales en el marco de los sistemas de seguridad social. Asimismo, se puede observar a nivel internacional la existencia de un Convenio (número 173) de la OIT sobre protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador y la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, desde el año 1992, que es una referencia ineludible para nuestra legislación laboral (para ampliar información consultar en: http://www.ilo.org).

Consideramos que los actuales mecanismos de protección de los derechos de las y los trabajadores que se encuentren en esta situación, como la nueva ley de concursos (Ley Nº 18.387, aprobada en el 2008), contribuyen a la legislación laboral en esta materia, pero son insuficientes. El Fondo de Garantía de Créditos Laborales en casos de Insolvencia Patronal, básicamente, garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en situaciones de insolvencia, que no solo pierden su fuente laboral, cuando sus empleadores ingresan a una situación de insolvencia, sino que además se ven privados de su único medio de sustento, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, cuando sus empleadores no pueden cumplir con sus obligaciones económicas.

Es decir, cuando los empleadores no cuenten con bienes suficientes para responder por las consecuencias patrimoniales de una sentencia de condena. Ante el cierre definitivo de la empresa, sin que hubieren bienes suficientes para satisfacer el pago de los créditos laborales. Cuando hubiere fallecido el empleador y sus sucesores no continuaran en la actividad de la empresa, resultaran insolventes, no los hubiere, fueren desconocidos o se ignorase el domicilio o paradero, o vivieren fuera del país y no asumieren la obligación de pagar los créditos laborales. Cuando el empleador haya hecho abandono del país o se desconociere su paradero, sin que haya dejado bienes suficientes para cancelar los créditos impagos. Cabe mencionar que la Ley establece que no tendrán derecho a los beneficios establecidos en la presente ley los trabajadores y trabajadoras vinculados al empleador por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, ni el personal de alta dirección.

Entendiéndose por personal de alta dirección a las y los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del empleador. Tampoco tendrán derechos los trabajadores y trabajadoras que hubiesen percibido sus créditos laborales mediante pago anticipado u optado por que se computen como aporte a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal de la empresa insolvente (art. 62 y 174.2 de la Ley No. 18.387).

Este fondo será administrado por el Banco de Previsión Social, en tanto ente rector en materia de Seguridad Social, de forma autónoma respecto a otros fondos que existen en el BPS. Además, la Ley prevé la creación de una Comisión Tripartita en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por dos delegados del sector empleador, dos delegados del sector trabajador y dos delegados del Poder Ejecutivo. Los delegados sectoriales serán designados por el Consejo Tripartito Superior.

Esta Comisión tendrá como cometido principal constatar la existencia de una situación de insolvencia empresarial y la deuda de los créditos laborales garantizados por la presente ley. De esta forma, se promueve la participación y el dialogo social entre los actores involucrados. El Fondo garantizará el cobro de los siguientes créditos: -Sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado. -Licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados correspondientes a los dos últimos años previos a la fecha prevista en el numeral anterior. -Indemnización por despido común. -Multa del 10 % (art. 29 de la Ley No. 18.572, de 13/IX/2009) aplicada sobre los créditos mencionados en los numerales precedentes.

Los créditos laborales se garantizarán hasta un monto máximo de UI 105.000 (ciento cinco mil unidades indexadas). El Fondo de Garantía de los créditos laborales se financiará con una contribución especial por parte de todos los empleadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales, de hasta (0,5%) todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores, que se abonará conjuntamente con los restantes aportes de la seguridad social al organismo recaudador (Banco de Previsión Social), en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Lo percibido por el Fondo en el ejercicio de sus potestades de subrogación. Los intereses, rentas, colocaciones y demás resultados de las inversiones que la reglamentación o la ley autoricen al órgano administrador. El importe de las multas, recargos y penas pecuniarias por violaciones a las disposiciones de la presente ley, que determine la reglamentación. Carlos Reutor